Comunicado de FUNIDES sobre el Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua

None

BANDERAEl Proyecto de Reforma Parcial a la Constitución Política, presentado por la bancada del gobierno contiene varios elementos que podrían afectar negativamente no solo nuestra democracia, sino también el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Aunque el Proyecto contiene algunos elementos positivos, el balance, en su conjunto, es negativo.

 Tal como lo documenta el estudio “Institucionalidad para el Desarrollo”, comisionado por FUNIDES, la pretensión de varios de nuestros gobernantes de mantenerse en el poder nos ha llevado a través de la historia a enfrentamientos con altos costos humanos, sociales y económicos. Sin ir muy lejos, nuestro ingreso por  habitante ajustado por inflación es actualmente apenas el 60 por ciento del de 1977, debido a los conflictos de finales de los 1970s y de los 1980s. Es por ello que creemos que se debe restringir la reelección presidencial (Art.147), y fortalecer el profesionalismo e independencia del Poder Electoral.

 Se introducen nuevos mecanismos de “democracia directa y participativa” y conceptos ambiguos que pueden debilitar la democracia representativa, las funciones de la Asamblea Legislativa (Art.2), y crear incertidumbre institucional y jurídica.

La potestad del Presidente de “dictar acuerdos ejecutivos con fuerza de ley” también debilita  el balance entre los poderes del Estado y las funciones de la Asamblea (Art.150).

La pérdida de sus puestos en el caso de diputados y concejales que cambien de bancada en el ejercicio de su cargo, puede inhibir que voten independientemente y comprometer su integridad (Art.131).

 La elección presidencial por mayoría relativa (Art.146) podría producir gobiernos de poca legitimidad y, unida a la mayoría absoluta para el nombramiento de Ministros (Art.138-30), podría llevar a una parálisis gubernamental, afectando el funcionamiento del Estado y la actividad económica.

De aprobarse como están, estos cambios causarían incertidumbre sobre la estabilidad de mediano plazo del país,  lo que afectaría negativamente el bienestar ciudadano y la reducción de la pobreza, ya que reduciría la inversión y el crecimiento económico.

FUNIDES comparte plenamente y hace suyos los objetivos del gobierno de reducir la pobreza y la inequidad en Nicaragua, pero esto no se logra elevando a rango constitucional una ideología en particular como el socialismo, ni optando por un determinado credo religioso (Arts.4-5), sino fortaleciendo la igualdad de oportunidades para todos los nicaragüenses, lo que requiere un pleno Estado de Derecho, y políticas públicas que faciliten un crecimiento económico más dinámico e inclusivo.

La inversión extranjera es necesaria pero el alcance de la “garantía” a la misma que contiene el Proyecto de Reforma requiere de mayor definición, y, además discrimina a la inversión nacional (Art.100). La función del Estado es crear un clima propicio para la inversión, pero no garantizarla.

El requisito de que las bases de datos y registros informáticos deberán permanecer en el país interferiría con las libertades económicas, sería incongruente con la integración global que beneficia a Nicaragua, y obstaculizaría la inversión extranjera (Art. 92).

La posibilidad de participación activa en el Gobierno de miembros del Ejército podría afectar la despolitización de las Fuerzas Armadas lograda en las dos últimas décadas (Art. 95).

Por el lado positivo, la creación de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, fortalecería los derechos de los ciudadanos frente a las autoridades (Art.160). El recurso Habeas Data permitiría a ciudadanos conocer información que autoridades y empresas tienen sobre ellos (Art.190). La elevación a rango constitucional del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial contribuiría a la independencia judicial (Art.165).

Sin embargo, los nicaragüenses no necesitamos una Reforma Constitucional, sino más bien apegarnos a la Constitución actual, fortalecer nuestra institucionalidad y el balance entre los poderes del estado, y promover un diálogo nacional que nos permita formular un Proyecto Nación que eleve nuestro crecimiento económico, y reduzca más rápidamente las inequidades y pobreza existentes en el  país.

Managua, 25 de noviembre del 2013.