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Impacto económico de la crisis sociopolítica en Nicaragua para 2018

 

09/18

A más de 145 días de iniciada la crisis del 19 de abril, continúa la inestabilidad política así como su impacto negativo en el desarrollo económico del país y su costo humano por las víctimas de la represión y criminalización de las protestas. Las fluctuaciones en la actividad económica son influenciadas por la falta de confianza de los consumidores e inversionistas y los cambios en la percepción de seguridad ciudadana.

En este contexto, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) presenta una actualización de la estimación del impacto económico y social de la crisis para este 2018. Esta se ha realizado con base a una encuesta de monitoreo de las actividades económicas de Nicaragua, la cual es un esfuerzo desarrollado en conjunto con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que tiene por objetivo conocer la situación actual de la actividad empresarial. Se encuestaron a 21 gremios que cubren más de 30 actividades económicas y a 53 empresas de sectores claves, quienes brindaron información sobre producción, empleo, ventas e inversión hasta el mes de julio, así como sus perspectivas para el resto del año.

Se continúa analizando dos potenciales escenarios, en los cuales la crisis se prolonga por el resto del año. Un primer escenario supone que las personas y las empresas se adaptarán a una “nueva realidad”, donde a pesar del contexto de crisis continúan realizando sus actividades económicas a menor intensidad, similar a julio y agosto, y otros sectores se ajustan gradualmente en los siguientes trimestres. En este escenario la actividad económica se contraería 2.1 por ciento en 2018, en comparación con 2017, con pérdidas de US$946.2 millones en valor agregado.

Un segundo escenario supone que la violencia durante las protestas en diferentes territorios del país se intensifica por el resto del año, afectando en mayor medida al comercio, los servicios empresariales y la actividad del sistema financiero, principalmente por el continuo retiro de los depósitos en los bancos comerciales. En este segundo escenario la actividad económica para 2018 se contraería en 4.0 por ciento en comparación con el 2017, lo que representaría una pérdida de US$1,214.2 millones en valor agregado.

Ambos escenarios implican impactos desvastadores, tanto para el empleo como para la profundización y ampliación de la pobreza. Las actividades económicas más afectadas serían: 1) comercio, 2) construcción, 3) hoteles y restaurantes, 4) industria manufacturera, 5) intermediación financiera y conexos, y 6) productos agropecuarios.

En cuanto al empleo, FUNIDES estima que a julio de 2018 ya había 347 mil personas despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo, principalmente en las actividades de hoteles y restaurantes, comercio y construcción, que se estima representan el 76.7 por ciento del total de despidos y suspensiones.

Los despidos y suspensiones se han traducido en un aumento en el porcentaje de personas en situación de pobreza de 29.6 a 34.8 por ciento. Se estima que aproximadamente 143 mil personas han caído en situación de pobreza durante esta crisis.

El costo social del escenario #2 sería aún mayor. Existen alrededor de 1.2 millones de personas que, aunque no son pobres, están en riesgo de caer en situación de pobreza si llegan a perder su empleo o si su ingreso se reduce considerablemente en los próximos meses. De verse afectadas todas estas personas los niveles de pobreza serían similares a los observados en la primera mitad de la década de los 90, donde prácticamente la mitad de la población vivía en situación de pobreza.

Lo anterior reitera la importancia de que exista voluntad política por parte del gobierno para buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica actual, que ponga fin a la represión y la criminalización de la protesta. Una vez que se encuentre una salida sostenible a la crisis, es importante ejecutar acciones que permitan restablecer la confianza de los consumidores, los inversionistas, los turistas locales y extranjeros y los depositantes en el sistema bancario. Posterior a esto, hay que continuar trabajando por alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo en el largo plazo.


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