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NICARAGUA: Las reglas actuales del sistema electoral

Las reformas al sistema electoral de Nicaragua implementadas en las últimas dos décadas han modificado las reglas del juego electoral y no han contribuido a fortalecer la democracia. Organismos internacionales como V-Dem documentan un continuo deterioro de indicadores clave como integridad, autonomía y transparencia electoral. Las reformas no han sido consultadas con la población a través de mecanismos de participación directa, lo cual les resta legitimidad. A continuación, se exponen las principales reglas a tomar en cuenta actualmente :
Elección de Presidente y Vicepresidente:

•Resulta electo como Presidente y Vicepresidente de la República quienes obtengan la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar un porcentaje mínimo. Por lo tanto, no hay segunda vuelta electoral, lo cual conlleva el riesgo de que una minoría de la población sea quien elija los mandatarios del país, lo que no favorece la representatividad de los resultados.

•No hay mecanismos claramente definidos para la elección de los candidatos a Presidente y Vicepresidente por parte de las alianzas y partidos políticos. De manera que no es obligatorio realizar elecciones primarias, quedado la elección de estos candidatos sujeta a los estatutos y procedimientos internos de dichas instancias. Esto no promueve el ejercicio democrático al interior de los partidos políticos. 

Elección de Diputados:

•Los diputados se eligen mediante el sistema de listas cerradas o “planchas”. Bajo este mecanismo, la población no tiene la oportunidad de votar por los candidatos de su preferencia de forma individual, sin importar el partido político al que pertenecen, lo que no fomenta la competencia política.

•Se prohíbe el transfuguismo, es decir, que los diputados electos mediante voto popular a través de las listas cerradas que cambien de opción electoral mientras se encuentren ejerciendo el cargo, serán destituidos y reemplazados por su suplente. Esto debilita la independencia de los diputados de sus respectivos partidos políticos en el poder legislativo, convirtiéndose en una limitación para la representación de sus electores.

•El Presidente y Vicepresidente de los periodos anteriores pasan a ocupar una diputación (propietario y suplente) al finalizar su periodo de gobierno, al igual que los candidatos a Presidente y Vicepresidente que obtuvieron el segundo lugar en las elecciones (propietario y suplente). Esto crea cargos de elección popular, que no son electos a través del voto.
Candidaturas independientes:

•No son posibles las candidaturas independientes, de manera que todos los ciudadanos que ostentan a cargos de elección popular (Presidente, Vicepresidente, Diputados, Miembros de Consejos Regionales de la Costa Caribe, Concejales municipales, Alcaldes y Vicealcaldes) deben hacerlo a través de un partido político. 
Calendario electoral:

•El Consejo Supremo Electoral (CSE) elabora, para cada elección, el calendario electoral en conjunto con las organizaciones políticas, señalando entre otras actividades: el término, desarrollo, procedimiento de la campaña electoral y el día de las votaciones. Así mismo, el CSE puede modificar o reformar el calendario por causas de caso fortuito o fuerza mayor. El calendario electoral se publica en el Diario Oficial y medios de comunicación nacional.
Composición de los órganos electorales:

•El CSE está compuesto por 7 magistrados que son nombrados de listas separadas, propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por los Diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las organizaciones civiles pertinentes. Posteriormente, la Asamblea Nacional discute sobre los candidatos propuestos y elige por mayoría de votos. Esta reforma fue criticada por los expertos porque favorecía el bipartidismo, de manera que no ha contribuido a la credibilidad de las personas electas en el cargo.

•La organización y estructura del proceso electoral está a cargo de los Consejos Electorales (Departamentales/Regionales y Municipales) y las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Cada uno de estos órganos estará integrado por un Presidente y dos Miembros, con sus respectivos suplentes. Las ternas para el nombramiento de estos cargos son propuestas por los partidos políticos. El nombramiento de los miembros de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales lo realizan el CSE; el nombramiento de los integrantes de los Consejos Electorales Municipales (CEM), los realiza el Consejo Electoral Departamental o Regional; mientras que el nombramiento de los integrantes de la JRV lo realizan los CEM. Las personas propuestas deben cumplir requisitos en relación con la edad, formación académica y área de residencia. La conformación de los Consejos Electorales y JRV por integrantes de partidos políticos puede influir en la percepción de imparcialidad y credibilidad de los resultados en la práctica, lo que no abona a su confiabilidad, vital para tener gobiernos representativos.

•El presidente y suplente respectivo para cada Consejo Electoral y JRV se designan alternativamente entre los partidos que obtuvieron el primer y segundo lugar en la elección anterior, y en caso de que fuese una alianza, por el partido que encabezó dicha alianza.  Esto lleva a la partidización del árbitro electoral.

•Corresponde a los Consejos Electorales realizar el conteo de los votos. Según la Ley Electoral, a medida que el CSE reciba las actas o informes de los resultados, deberá dar publicidad de inmediato a los informes parciales provisionales detallados por JRV. En los últimos 15 años, no se han publicado los resultados por JRV, ni la totalidad de los resultados a nivel nacional. 

•Cada partido o alianza con candidatos inscritos para las elecciones tiene derecho a nombrar un fiscal y su suplente ante el CSE, los Consejos Electorales, las JRV y los Centros de Cómputo. Todos los fiscales deben estar acreditados por el CSE. La falta de nombramiento de uno o varios fiscales por parte de las organizaciones participantes en los comicios, en uno o más de los organismos electorales antes mencionados no impedirá su funcionamiento.

Partidos políticos:

•Los partidos políticos deben participar en todos los comicios del país, en caso de no hacerlo, pierden su personería jurídica. También, los partidos políticos que obtienen menos del 4% del total de votos válidos, pierden su personería jurídica. Estas dos disposiciones excluyen de la competencia política a los partidos políticos más pequeños en las siguientes elecciones.

•Las nuevas agrupaciones que quieran inscribirse como partido político necesitan formar juntas directivas en todos los municipios del país, y haber obtenido su personería jurídica al menos 12 meses antes de la fecha de las votaciones, lo cual dificulta la conformación de nuevas opciones partidarias y limita la competencia política.

•El Estado designa el uno por ciento de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República para los gastos en los que incurren los partidos durante la campaña electoral. Dichos recursos se asignan después de la publicación de los resultados electorales únicamente a aquellos partidos que hubieren obtenido más del 4 por ciento de los votos válidos.

•No hay un mecanismo de rendición de cuentas que permita a la ciudadanía fiscalizar el actuar de los partidos políticos con respecto al financiamiento que reciben. 

Padrón electoral:

•Actualmente se contempla una “depuración permanente” del padrón electoral, bajo la cual, se excluye del listado a las personas que no hayan votado en el periodo contemplado entre las dos últimas elecciones generales. Aquellas personas que no hayan ejercido su derecho al voto en dicho periodo pasan a formar parte del llamado “padrón pasivo”. En consecuencia, existen dos padrones electorales, uno denominado activo y otro denominado pasivo.

•Para las elecciones de 2017, la Asamblea Nacional aprobó un artículo transitorio para dichas elecciones en el que se establecía que cualquier ciudadano con Cédula de Identidad que por cualquier razón no apareciere en el Padrón Electoral, podía solicitar de manera directa y personal su incorporación ante la JRV en el mismo momento de la votación. Para las elecciones regionales de 2019, se incorporó una disposición similar.

•Estas disposiciones en torno al padrón electoral no contribuyen a tener precisión de los resultados electorales porque no se conoce con exactitud la población electoral y debilitan los candados que garantizan que una persona no vote en distintas JRV el día de las elecciones, dejando espacio a una posible duplicación del voto que aumentaría la cantidad de votos por JRV y puede influir en que otras personas no puedan ejercer su derecho.


Otros aspectos:

•La Ley Electoral contempla en los artículos 161 al 168 la interposición de recursos o impugnaciones; sin embargo, en la práctica no existe un protocolo claro para el uso de este mecanismo. 

•Tanto la Constitución Política como la Ley Electoral contemplan el voto en el exterior; pero no se han normado los protocolos para su funcionamiento, lo que impide a los nicaragüenses en el exterior ejercer su derecho al voto.

•Las leyes no establecen la obligatoriedad de la observación nacional e internacional durante los procesos electorales en el país, por lo que, en los últimos comicios, no se ha permitido la observación electoral, restando legitimidad a los procesos electorales y a sus resultados.

•La Ley Electoral define el plebiscito como la consulta directa que se hace al pueblo sobre decisiones que dentro de sus facultades dicte el Poder Ejecutivo y cuya trascendencia incida en el interés nacional. Así mismo, estipula la figura del referendo como el acto de someter directamente ante el pueblo leyes o reformas, de carácter ordinario o constitucional, para su ratificación siempre que obtengan la mayoría de los votos válidos. El CSE se encarga de organizar y dirigir estos procesos de consulta popular. El proceso para aplicarlos no está detallado por lo que, a la fecha, no han podido ser utilizados. 

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