La reforma al Estado: ¿cómo evitar una nueva crisis política?

En los últimos días, algunas personalidades políticas en el país han hablado sobre los siguientes objetivos de negociación: verdad, justicia, reparación y no repetición. Estos cuatro elementos son los ejes de acción a trabajar en una transición política. Hasta el momento, las discusiones alrededor del tema se centran en los primeros tres elementos, pero ¿qué sucede con la no repetición?

Los acuerdos de no repetición consisten en definir mecanismos que garanticen que los hechos ocurridos no vuelvan a suceder, garantizando la seguridad de potenciales víctimas futuras. Pero ¿cómo podemos diseñar estos mecanismos? Para responder esta pregunta, es preciso comprender cómo se origina la actual crisis política.

Basta una mirada a los datos recolectados por organizaciones como Latinobarómetro para comprender que en Nicaragua hubo un giro democrático en sus ciudadanos, principalmente por una mayor preferencia al respeto de la libertad. No obstante, la realidad que les rodea es otra.

Organismos como V-Dem y Freedom House han documentado un severo detrimento en el ejercicio de las libertades civiles, la integridad electoral, la independencia de poderes y el Estado de Derecho en la última década. Todos ellos pilares fundamentales de la democracia moderna.

Si juntamos ambos escenarios descritos, no es de sorprender el estallido social que inició en 2018. Por lo tanto, es posible afirmar que el origen de la crisis se debe al desmantelamiento paulatino de las instituciones democráticas en Nicaragua.

Por ello, para evitar que los hechos se repitan, se requieren diseñar mecanismos que fortalezcan la democracia en el país. Probablemente, estos mecanismos de no repetición demandan un nuevo orden constitucional, más allá de un posible cambio de gobierno.

En la década de los noventa, la transición democrática que experimentó Nicaragua se centró en el típico “borrón y cuenta nueva” que caracteriza a nuestra cultura, pero la democratización del país quedó como un asunto pendiente. ¿Por qué? Porque no se implementaron reformas que verdaderamente garantizaran la permanencia del impulso del momento.

Hoy en día, continuamos con la constitución de 1987, cuyas reformas en los años 2000 y 2014, socavaron la poca institucionalidad democrática que había en el país. De esta forma, se le dio la estocada final a un proceso que no tuvo la oportunidad de madurar y que aceleraron el estallido social que hoy vivimos.

La negociación actual, entre la Alianza Cívica y el Gobierno, tiene asuntos prioritarios de corto plazo que evidentemente demandan una mayor atención en este momento. Las más de 300 víctimas fatales, más de 2,000 heridos y al menos 550 personas detenidas reflejan la grave crisis que precisa de atención inmediata. Sin embargo, sería un error obviar las necesidades de cambios sustanciales que requiere el Estado, más allá de simples reformas electorales. Omitir esta realidad podría hacer que Nicaragua caiga nuevamente en el mismo círculo histórico.

Hoy en día, resulta más evidente que nunca la necesidad de reformar el marco institucional del país y garantizar la no repetición de los hechos ocurridos. Es posible que los acuerdos necesarios no se logren en el corto plazo, y sus resultados no se verán inmediatamente. Al fin y al cabo, la construcción de un Estado Democrático no es algo que se pueda lograr en cuestión de meses, pero es una necesidad y una responsabilidad que le debemos a los más jóvenes.